Contar con condiciones dignas de infraestructura escolar no sólo es un reflejo del compromiso de una sociedad con la educación de la niñez y juventud, sino también un factor determinante en el desarrollo y el bienestar de las generaciones futuras. En Sinaloa, el deterioro de la infraestructura escolar se ha convertido en un desafío urgente, en donde el entorno educativo se ve comprometido, y se pone en riesgo el derecho aprender de las y los estudiantes.

Durante el cierre de escuelas, consecuente de la pandemia, el desgaste de la infraestructura en los planteles escolares en Sinaloa se agudizó debido a los numerosos saqueos y el vandalismo que sufrieron. Luego del retorno a las clases presenciales, algunas escuelas vieron imposibilitada su reapertura debido a esta problemática. Así, en mayo de 2022, la autoridad educativa anunciaba que se contaba con un diagnóstico de 2,700 inmuebles escolares que tenían necesidades de infraestructura.

A través de diversas solicitudes de acceso a información pública, se obtuvo el detalle de estos 2,700 planteles, así como el plan de inversión con el que se buscaría atenderles. Con esta información, en septiembre del año 2022, Mexicanos Primero Sinaloa realizó el reporte Condiciones dignas para aprender, donde se hizo un análisis bibliográfico, legal y contextual sobre la importancia de la infraestructura escolar, así como lo imprescindible que resulta para que las escuelas se vuelvan un espacio propicio para que las niñas, niños y jóvenes puedan estar, aprender y participar.

Luego de un año, en septiembre de 2023, se solicitó nuevamente el progreso que se tenía en brindarles atención a esas escuelas diagnosticadas, y se publicó una segunda versión del reporte antes mencionado (véase: Nota comparativa sobre el avance en las condiciones de infraestructura escolar), donde, entre los principales hallazgos, se obtuvo lo siguiente:

• De los 2,700 inmuebles escolares diagnosticados por SEPyC en mayo de 2022, 2,593 pertenecían a educación básica.
• De esas 2,593 escuelas, únicamente 884 recibieron atención (800 ya cuentan con obras concluidas y 84 se encuentran en proceso) hasta septiembre de 2023.
• A los 884 planteles atendidos, se ha destinado una inversión total de $363,642,303.
• El costo promedio que se ha gastado por plantel atendido es $411,360.
• Existen aún 1,709 inmuebles que no han recibido atención, ni tampoco cuentan con un presupuesto de inversión.

A partir de esta información, es posible realizar estimaciones de costos y tiempos que requeriría la autoridad educativa para brindarle atención a los 1,709 inmuebles restantes que tienen necesidades de infraestructura en Sinaloa. Por ejemplo, considerando que se rehabilitan 884 escuelas por año, manteniendo el ritmo de trabajo se requerirían casi dos años más para atender los planteles restantes. Asimismo, teniendo en cuenta el costo promedio ($411,360) de los inmuebles atendidos, para rehabilitar el resto se necesitaría alrededor de $703,014,361.

Lo anterior, es solamente considerando que no haya más escuelas que cuenten con necesidades de infraestructura, por lo que será muy importante contar con una coordinación interinstitucional entre la SEPyC y el ISIFE, para mantener un diagnóstico actualizado y unificado de los planteles que requieran rehabilitación.

Ante este escenario, será indispensable una priorización de los recursos económicos para rehabilitar y darles mantenimiento a los inmuebles lo más pronto posible. A su vez, una planificación estratégica de atención que establezca objetivos claros, presupuesto y plazos definidos, así como transparencia en el manejo de recursos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Por ello, resulta imprescindible mantener este tema dentro de la agenda pública, tanto de las autoridades actuales, como de aquellos aspirantes a las candidaturas del proceso electoral 2024.

La mejora de la infraestructura escolar en Sinaloa no sólo es una cuestión material, sino también de justicia social y equidad educativa. Garantizar condiciones dignas es un paso fundamental para que las escuelas sean un espacio seguro para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, y para la construcción de un futuro más justo y próspero para las próximas generaciones, en donde su origen no sea un determinante de su destino.