La educación pública en México está garantizada como un derecho constitucional que debe ser gratuito y laico. Sin embargo, en la práctica, este derecho enfrenta diversos desafíos, especialmente en lo que respecta al financiamiento adecuado para el mantenimiento y operación de las escuelas. Esta problemática suele manifestarse claramente a través de la dependencia de las cuotas escolares voluntarias, un tema que ha generado controversia y debate en los últimos años.

El artículo tercero constitucional establece que la educación que imparta el Estado debe ser gratuita. Asimismo, la Ley General de Educación en su artículo 6° reitera la obligatoriedad de la gratuidad de la educación básica y media superior, por lo que debe proporcionar el servicio educativo sin exigir ningún pago que impida o condicione el acceso, garantizando que no se requiera contraprestación para inscripción, evaluaciones o entrega de documentación, y asegurando la igualdad en el trato a los estudiantes. Además, establece que las donaciones voluntarias no se consideran como pago por el servicio y deben ser reguladas con transparencia por las autoridades educativas.

A pesar de la claridad del marco jurídico sobre la responsabilidad del Estado, en muchas partes de México, las escuelas públicas dependen de las cuotas escolares para cubrir una variedad de necesidades operativas y de mantenimiento. En Sinaloa, este problema suele estar en la discusión pública cada año. Pues si bien, aunque oficialmente las cuotas son de carácter voluntario, muchas familias se ven obligadas a pagarlas para asegurar que sus hijos puedan inscribirse y asistir a la escuela, existiendo quejas por parte de un sector de la población al considerar que las cantidades solicitadas en ocasiones representa una carga significativa.

Por su parte, directivos y docentes (e incluso algunas Asociaciones de Padres de Familia) manifiestan que los fondos gubernamentales, aunque existentes, no son suficientes para cubrir todas las necesidades operativas de las escuelas. Y es que, aun cuando existen programas como La Escuela Es Nuestra, sólo alrededor de una tercera parte de los planteles educativos en Sinaloa cuentan con este beneficio, además, el recurso es utilizado normalmente para atender cuestiones de infraestructura o jornada extendida.

Esta situación crea una dependencia de las aportaciones voluntarias de las familias para el mantenimiento y reparaciones menores de las instalaciones, compra de materiales e insumos de limpieza, pago de servicios, entre otros, contradiciendo el principio de gratuidad.

La tensión entre la necesidad de financiar adecuadamente las escuelas públicas y el principio de gratuidad de la educación es un problema complejo. Si bien, el marco legal es claro, la implementación en la práctica y la insuficiencia de recursos revela una disparidad significativa que afecta a las comunidades escolares.

Ante esto, es fundamental que el Estado asuma plenamente su responsabilidad con una mayor inversión educativa que asegure recursos suficientes para el mantenimiento de los planteles, para que nunca se ponga en riesgo el derecho de niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en la escuela. Al mismo tiempo, es necesario establecer una mayor regulación de las cuotas voluntarias con el fin de buscar un punto de equilibrio que permita a las escuelas operar de manera eficiente sin que represente una carga financiera para las familias, así como generar mecanismos de transparencia sobre el ejercicio de los recursos y promover espacios de participación de toda la comunidad escolar en la toma de decisiones.