En los próximos días, el Congreso local recibirá el Paquete Económico 2026 y, con ello, dará inicio la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. Es un momento decisivo. Ahí se define, con números y no con discursos, qué se considera como verdaderamente indispensable. En materia educativa, esa decisión debe orientarse a garantizar que niñas, niños y adolescentes no sólo accedan a la escuela, sino que permanezcan, participen activamente y desarrollen aprendizajes a lo largo de su trayectoria escolar.

Sin embargo, el estado llega a esta discusión con un vacío inadmisible de transparencia, sí cuenta con los resultados de la evaluación diagnóstica, porque la aplicó, pero no hizo públicos los resultados. En un año marcado por la violencia, cierres de planteles y afectaciones que ameritaban máxima claridad, la decisión de no publicar esos datos deja al Congreso sin un insumo esencial para presupuestar con responsabilidad, conocer cuáles son los niveles reales de lectura, matemáticas y habilidades socioemocionales de las niñas, niños y adolescentes que asisten a nuestras escuelas.

Cuando un Estado deja de medir los aprendizajes, deja de distinguir dónde se agravan las brechas, qué municipios requieren intervención urgente o cuántas niñas y niños necesitan reforzamiento de aprendizajes. Y cuando no distingue, no prioriza; y cuando no prioriza, el presupuesto deja de ser una herramienta de garantía de derechos para convertirse en un ejercicio de inercia administrativa.

A esta falta de información se suma un panorama de infraestructura que sigue afectando el aprendizaje diario. De acuerdo con datos oficiales del ciclo escolar 2024-2025, las escuelas de Sinaloa cuentas con las siguientes carencias: el 18 por ciento no tiene agua potable; el 4 por ciento, electricidad; el 12 por ciento, lugares adecuados para lavado de manos; el 13 por ciento no cuenta con sanitarios independientes; el 74 por ciento carece de accesibilidad para personas con discapacidad; 62 por ciento no tiene computadoras, y un 61 por ciento no cuenta con conexión a internet. Resulta poco realista exigir mejoras sustantivas en lectura en contextos sin acceso pleno a electricidad, del mismo modo que hablar del desarrollo de habilidades digitales sin equipamiento básico o de la permanencia escolar sin acceso a condiciones mínimas de agua y saneamiento.

Todo esto ocurre en un escenario de restricción fiscal que no es nuevo. En el presupuesto estatal del año 2025, respecto el 2024, Sinaloa registró una caída real de –3.8 por ciento en sus egresos, lo que obligó a elegir con mayor rigor qué rubros proteger y cuáles tenían que esperar. Ese antecedente importa hoy, porque muestra que el margen de maniobra sigue siendo limitado y que, precisamente por eso, las condiciones para 2026 deben ser aún más claras y orientadas a aquello que verdaderamente incide como la formación docente pertinente y continua, estrategias de recuperación para estudiantes que enfrentan rezago educativo, atención socioemocional, condiciones básicas dignas y una expansión sólida de la primera infancia.

Por eso, desde Mexicanos Primero Sinaloa hacemos un llamado respetuoso pero firme: el Presupuesto 2026 debe construirse alrededor del derecho a aprender, no alrededor de inercias. Para lograrlo, proponemos tres decisiones claras: Evitar recortes reales en las condiciones estratégicas para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Pocas decisiones resultan tan costosas a largo plazo como desatender las condiciones que hacen posible el derecho a la educación. Y Sinaloa ya no puede permitirse ese error.