Garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia es una tarea urgente para los sistemas educativos, en ese contexto, representantes de instituciones de gobierno y de la sociedad civil en Sinaloa conocieron de primera mano el Sistema de Alertas que opera en Bogotá, Colombia, una plataforma tecnológica que permite proteger de manera efectiva los derechos de niñas, niños y jóvenes.
La presentación mediante una reunión virtual fue realizada por Edwin Ussa, Jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá, ante organizaciones como Mexicanos Primero Sinaloa, Sociedad Educadora y el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVSIN), quienes exploran la posibilidad de impulsar un modelo similar en Sinaloa.
“Nosotros tenemos algo que denominamos Sistema de Alertas. Es una plataforma informática en el que cualquier colegio público o privado que exista en Bogotá tiene por obligación que reportar, en el marco de este Sistema de Alerta, cualquier vulneración, inobservancia o violencia en contra de un niño, niña o joven, no importa dónde ocurra esta violencia”, explicó.
Ussa expuso que el Sistema de Alertas se basa en la premisa de que la protección de los derechos de niñas, niños y jóvenes es una responsabilidad compartida y debe comenzar desde la escuela.
Esta plataforma permite que cualquier docente, psicólogo o directivo, ya sea en escuelas públicas o privadas, registrar casos de violencia o vulneraciones de derechos, sin importar si ocurrieron dentro o fuera del plantel.
“Cuando un maestro identifica que el niño o la niña posiblemente puede estar siendo vulnerado en sus derechos, lo alerta y le avisa al psicólogo, el psicólogo hace una valoración y a partir de esta valoración lo que hacen es cargar en el Sistema de Alertas ese reporte de esa vulneración, inobservancia o violencia de derechos que sea”, indicó.
Agregó que una vez emitida la alerta, entra en acción un equipo especializado conformado por un psicólogo clínico, un trabajador social y un pedagogo, quienes pueden acudir directamente a la escuela y brindar acompañamiento integral a la víctima, su familia y la comunidad educativa
“El seguimiento no tiene una fecha de finalización específica, es decir, puede ser que un accidente, una siniestralidad vial, se resuelva en cuestión de tres, cuatro meses, cuando el niño ya haya superado esa contingencia, pero también puede ser que una violencia sexual no se resuelva o no se supere en cuestión de tres o cuatro meses, sino que requiera un acompañamiento de años para asegurar que esa situación se ha superado en su totalidad”, manifestó.
Sin revictimización, con coordinación interinstitucional
Uno de los elementos más innovadores del sistema es su seguimiento nominal. Esto quiere decir que permite conservar el historial completo de cada estudiante a lo largo de su trayectoria escolar, incluso si cambia de escuela o localidad. Esto no solo garantiza continuidad en la atención, sino que evita que los estudiantes tengan que repetir sus historias dolorosas, una forma de revictimización frecuente, expuso Ussa.
Además, el sistema interopera con otras entidades del Estado, como la Secretaría Distrital de Salud, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que asegura una atención articulada e inmediata.
Ussa aclaró que el modelo opera bajo protocolos claros para cada tipo de violencia, establecidos por un Comité Distrital de Convivencia Escolar y en el que participan todas las instituciones garantes de derechos. Cada entidad sabe qué hacer, cómo actuar y en qué momento, evitando omisiones o duplicidades.
“Tenemos 17 protocolos, uno por cada tipo de violencia, y ese protocolo dice exactamente qué debe hacer cada entidad, qué debe hacer el colegio, qué debe hacer Salud y qué debe ser Fiscalía y demás, entonces, la entidad sólo va a poder actuar conforme a lo que diga ese protocolo”, indicó.
Una herramienta posible para Sinaloa
La presentación del Sistema de Alertas generó interés entre los actores sinaloenses.
Nuria González Elizalde, directora general de Mexicanos Primero Sinaloa, subrayó la necesidad que tiene Sinaloa de contar con un sistema que permita identificar, atender, prevenir y dar seguimiento a los casos de afectaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero algo positivo es que para operar un modelo similar al que tiene Bogotá no tendría que haber un cambio normativo.
“En México y en Sinaloa, toda persona —y especialmente quienes trabajan en lo público— tiene la obligación legal de dar aviso cuando se detecta una posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto incluye el abandono escolar o la asistencia irregular, que pueden ser señales de alerta”, indicó.
Irving Salazar, director de Sociedad Educadora, coincidió que se debe aprovechar ese marco jurídico que ya se tiene para tropicalizar el modelo a las condiciones de Sinaloa.
Los representantes de las organizaciones e instituciones que participaron en el encuentro acordaron reunirse próximamente para abordar puntos concretos, y, con el apoyo de las instituciones de gobierno pertinentes, desarrollar un modelo similar que vele por los derechos de niñas, niños y jóvenes en la entidad.
