Defender el derecho a aprender implica mucho más que garantizar la asistencia a clases. También requiere que las familias, docentes y comunidades tengan acceso a información pública que les permita conocer las condiciones de las escuelas, vigilar el uso de los recursos y exigir soluciones a los problemas que afectan la educación, afirmó Ángel Leyva Murguía.
En medio de la discusión sobre la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está en el Congreso del Estado, organizaciones y especialistas han expresado su preocupación por los posibles cambios que podrían dificultar el acceso a información de interés público.
Para el director de Investigación de Mexicanos Primero Sinaloa, esto tendría implicaciones para el derecho a aprender que tienen niñas, niños y jóvenes.
“Para defender el derecho a aprender necesitamos saber y contar con evidencia para tomar mejores decisiones. El derecho a aprender no se defiende a ciegas, se defiende con información pública, evidencia y rendición de cuentas”, manifestó.
Información para mejorar las escuelas
La transparencia, dijo, permite conocer desde las condiciones de infraestructura de los planteles hasta la disponibilidad de docentes, los resultados educativos y el alcance de los programas públicos.
“Sin información pública los problemas educativos se vuelven más fáciles de negar o minimizar. Además, se debilita la posibilidad de comparar datos, documentar omisiones, exigir soluciones y dar seguimiento a lo que promete la autoridad”, advirtió.
Leyva Murguía subrayó que contar con información accesible permite identificar escuelas sin servicios básicos, conocer qué apoyos reciben y verificar si las acciones anunciadas realmente llegan a las comunidades escolares.
Más transparencia en tiempos de crisis
La necesidad de información es aún mayor en el contexto que enfrenta Sinaloa. Las interrupciones escolares derivadas de situaciones de violencia han evidenciado la importancia de contar con datos que permitan dimensionar los impactos en los aprendizajes.
De acuerdo con el director de Investigación en MPS, actualmente existe poca información pública sobre cuántas escuelas suspenden actividades, cuánto tiempo de clases se pierde y qué estrategias se implementan para atender esas afectaciones.
“En un momento de violencia, desconfianza e incertidumbre, lo que se necesita es transparencia para reconstruir confianza. Ocultar o retrasar información no protege a la sociedad; protege al poder”, indicó.
Seguir el dinero para garantizar derechos
Otro aspecto fundamental es la vigilancia de los recursos destinados a la educación, consideró Leyva Murguía.
La información sobre presupuesto, obras, programas e infraestructura permite verificar si los recursos públicos llegan efectivamente a las escuelas.
“Muchos problemas educativos no se resuelven solo con anuncios. Se necesita seguir el dinero público y verificar si lo prometido llegó a las escuelas. Si una escuela tiene baños deteriorados, si una obra no se terminó o si un programa no llegó a la comunidad, la información pública permite preguntar quién era responsable, cuánto se presupuestó y por qué no se resolvió”, explicó.
Para Mexicanos Primero Sinaloa, una legislación que fortalezca el acceso a la información contribuye a mejorar la rendición de cuentas y brinda a las comunidades escolares más herramientas para defender el derecho a aprender.
Leyva Murguía sostuvo que lo que Sinaloa necesita es una Ley de Transparencia que obligue al poder a responder, no una que le dé más margen para retrasar, reservar u ocultar información.
“Si queremos defender el derecho a aprender, también tenemos que defender el derecho a saber”, sentenció.
