La mañana de este 26 de febrero se registró un hecho profundamente alarmante en el sector Los Ángeles, en Culiacán: un vehículo fue despojado a una familia en las inmediaciones de un plantel escolar, y en su interior se encontraba un menor de edad, quien fue llevado junto con la unidad. Aunque posteriormente fue localizado sano y salvo y entregado a sus familiares, el suceso evidencia la grave vulnerabilidad en la que hoy se desarrollan las actividades cotidianas de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa.
Desde Mexicanos Primero Sinaloa sostenemos con claridad que cuando la violencia alcanza los entornos escolares —ya sea dentro o en sus inmediaciones— el derecho a aprender se ve amenazado.
La escuela debe ser un espacio de aprendizaje, socialización y formación ciudadana, pero también de resguardo, confianza y seguridad. No puede convertirse en un punto de riesgo. Cada hecho de violencia en horarios y zonas escolares genera miedo en estudiantes, familias y docentes; debilita la asistencia regular, afecta la concentración y el bienestar socioemocional, y erosiona las condiciones mínimas necesarias para garantizar aprendizajes significativos.
El derecho a aprender implica tres dimensiones fundamentales: estar en la escuela, aprender y participar en condiciones de dignidad y bienestar. La violencia compromete cada una de ellas. No basta con que los planteles permanezcan abiertos, es indispensable que existan condiciones reales de seguridad en los trayectos, accesos y alrededores.
La protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad indelegable del Estado. Se requiere coordinación efectiva entre autoridades educativas y de seguridad, estrategias preventivas en zonas escolares, protocolos claros de actuación y comunicación oportuna con las comunidades educativas.
No podemos normalizar que las familias vivan con temor al llevar a sus hijas e hijos a la escuela. No podemos aceptar que el miedo se integre a la rutina escolar.
Desde Mexicanos Primero Sinaloa reiteramos nuestro llamado a colocar el derecho a aprender en el centro de las decisiones públicas. Garantizar entornos escolares seguros no es un asunto accesorio, es una obligación constitucional y una condición básica para proteger el presente y el futuro de la niñez sinaloense.
La protección de la niñez y adolescencia no puede esperar.
