El Estado debe priorizar la atención temprana, la inclusión y el aprendizaje efectivo para no dejar a nadie atrás
Cada 30 de abril, México celebra el Día de la Niñez con actividades festivas, regalos y mensajes sobre la importancia de cuidar a las infancias. Sin embargo, más allá de las celebraciones, esta fecha debe ser una oportunidad para reflexionar y actuar sobre los derechos fundamentales de niñas y niños, especialmente su derecho a una educación de calidad desde los primeros años de vida.
De acuerdo con el Estudio sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, publicado en marzo de 2025 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), persisten profundas brechas en el acceso, la calidad y la equidad educativa, desde la primera infancia hasta la educación básica.
Urge fortalecer la educación inicial
La etapa de la primera infancia, de los 0 a los 5 años, es crítica para el desarrollo integral. Durante estos años se establecen las bases neurológicas, cognitivas y emocionales que influirán en el bienestar presente y futuro de las niñas y niños, subraya el informe que cita a la UNESCO.
Sin embargo, en México la cobertura de la educación inicial, obligatoria desde 2019, sigue siendo extremadamente baja: solo el 3.4% de las niñas y niños menores de 3 años accedió a este servicio en el ciclo escolar 2022-2023.
El bajo acceso se debe, entre otros factores, a la falta de información pública sobre la oferta educativa, a la dispersión institucional de los centros de atención infantil y a una percepción generalizada entre cuidadores de que los menores son “muy pequeños” para aprender. Esto limita gravemente su derecho a experiencias educativas enriquecedoras desde los primeros años de vida.
Además, existen grandes desigualdades en el acceso a materiales educativos en el hogar: en 2022, apenas 3 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años contaban con al menos tres libros infantiles, y 41.7% no tenía ninguno. Estas carencias se agravan en contextos de pobreza, donde las prácticas de crianza positiva también se ven limitadas por la falta de apoyo y formación a madres, padres y cuidadores.
En primaria, cobertura alta, pero con rezago persistente
A pesar de la alta tasa de escolarización en primaria (95.8%), más de 200 mil niñas y niños de 6 a 11 años no estaban inscritos en la escuela en el ciclo 2022-2023. El rezago educativo y la desafiliación escolar siguen afectando a miles de estudiantes, sobre todo a quienes no tuvieron acceso a la educación inicial o preescolar, lo cual impacta negativamente su rendimiento académico y su permanencia en el sistema.
Las consecuencias de la pandemia por COVID-19 siguen presentes. Muchas niñas y niños experimentaron dificultades emocionales, como estrés, tristeza o aislamiento, que afectaron su aprendizaje.
A esto se suma el aumento del trabajo infantil, que entre 2019 y 2022 creció en todos los grupos de edad: en el caso de los niños de 10 a 14 años, pasó de 10.9% a 13.5%, comprometiendo su derecho a la educación.
El derecho a la educación también enfrenta barreras para niñas y niños con discapacidad o que pertenecen a comunidades indígenas. En 2019-2020, solo 31.4% de estudiantes con discapacidad recibió atención especializada, y menos de una cuarta parte de las escuelas primarias contaba con infraestructura adaptada.
En las escuelas indígenas, la situación es aún más crítica: solo 2.1% disponía de materiales educativos adecuados para esta población.
Además, la falta de materiales en lenguas originarias y la escasa coincidencia entre la lengua del docente y la del alumnado dificultan el aprendizaje en contextos indígenas, lo que vulnera el derecho constitucional a una educación intercultural y bilingüe.
Acciones para garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia
- Expandir y fortalecer la educación inicial. Es urgente invertir en la creación y mejora de servicios de educación inicial, tanto escolarizados como no escolarizados, con enfoque en comunidades en situación de vulnerabilidad. También se requiere sensibilizar a las familias sobre la importancia de esta etapa.
- Atender el rezago y prevenir la exclusión educativa. Se deben implementar programas de apoyo académico y emocional para estudiantes en riesgo de abandono escolar, así como garantizar trayectorias educativas continuas desde la educación inicial hasta la secundaria.
- Promover una educación inclusiva e intercultural. El sistema educativo debe garantizar condiciones equitativas para niñas y niños con discapacidad y para quienes viven en contextos indígenas. Esto incluye infraestructura accesible, materiales adaptados y docentes capacitados y bilingües.
La educación no puede esperar. Cumplir con el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa desde la primera infancia no solo es un mandato constitucional, sino una inversión necesaria para el desarrollo social, económico y humano del país. Cerrar estas brechas es responsabilidad del Estado, pero también de toda la sociedad.
Fuente: Estudio sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México del Coneval
