El “Estudio aproximativo sobre las relaciones entre crimen organizado y Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe”, elaborado por Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y Educación en Voz Alta (EVA), advierte que, como lo ha expresado Mexicanos Primero Sinaloa, la violencia criminal no es solo un problema de seguridad pública, es también una amenaza estructural contra el derecho humano a la educación.
El informe identifica que la presencia del crimen organizado impacta tres dimensiones clave: acceso, permanencia y calidad del aprendizaje.
Subraya que en contextos de alta violencia, niñas, niños y adolescentes enfrentan interrupciones constantes de clases, restricciones de movilidad, amenazas directas a comunidades escolares e incluso reclutamiento forzado.
La violencia como barrera educativa estructural
Uno de los principales hallazgos es que el crimen organizado tiene condiciones favorables para prosperar en territorios marcados por desigualdad, pobreza y debilidad institucional.
El estudio documenta efectos como:
- Ausentismo prolongado por miedo.
- Cierre temporal de planteles.
- Normalización de la violencia en la vida cotidiana escolar.
- Afectaciones emocionales que deterioran el aprendizaje.
No se trata únicamente de días perdidos de clase, sino de trayectorias educativas fracturadas y proyectos de vida interrumpidos.
Juventudes en mayor riesgo
El análisis regional subraya que las juventudes son el grupo más expuesto a dinámicas de cooptación o reclutamiento.
El estudio indica que, en este sentido, la CIDH ha constatado que niñas, niños y adolescentes sufren de manera particular las consecuencias de los entornos sociales violentos.
“Ven vulnerados una amplia gama de sus derechos, entre ellos su derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la educación, a la recreación, a la libertad personal, a la participación en los asuntos que les afectan, entre otros”, expone.
Sinaloa, un contexto que refleja la alerta regional
Aunque el estudio tiene alcance latinoamericano, sus hallazgos encuentran eco en estados como Sinaloa. En los últimos dos ciclos escolares, la violencia asociada a grupos criminales ha provocado suspensión de clases, cierres temporales de escuelas y ausentismo en distintos municipios.
La discusión pública impulsada por Mexicanos Primero Sinaloa ha insistido en que la pérdida acumulada de días efectivos de aprendizaje y el clima de inseguridad afectan directamente las condiciones para ejercer el derecho a aprender, especialmente en comunidades con mayores carencias sociales.
El caso de Sinaloa confirma uno de los puntos centrales del estudio: que cuando la violencia se instala en el entorno comunitario, las afectaciones son inmediatas y profundas.
La urgencia de políticas integrales
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y Educación en Voz Alta destacan que la respuesta no puede limitarse a medidas reactivas. Se requieren políticas públicas que articulen educación, protección social, justicia y prevención, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
En estados como Sinaloa, donde la violencia ha marcado el calendario escolar, esta discusión es una condición indispensable para que niñas, niños y jóvenes puedan ejercer plenamente su derecho a aprender.
Reconocer que el crimen organizado vulnera el derecho a la educación implica colocar el aprendizaje en el centro de la agenda pública.
Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
