La violencia y las interrupciones de clases presenciales marcaron el ciclo escolar 2025-2026 en Sinaloa. De acuerdo con el Balance de cierre de ciclo presentado por Mexicanos Primero Sinaloa, la continuidad educativa siguió enfrentando riesgos importantes, tanto por hechos de violencia e inseguridad como por problemas operativos e institucionales que afectaron el funcionamiento regular de las escuelas y redujeron las oportunidades de enseñanza y aprendizaje.
El documento señala que, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, 72 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en Sinaloa, mientras que desde septiembre de 2024 la cifra acumulada asciende a 173 menores asesinados.
Aunque estos hechos no ocurrieron dentro de las escuelas, sí reflejan el contexto de violencia que acompañó el desarrollo del ciclo escolar. Ese entorno también tuvo efectos en la continuidad educativa: el balance documenta que en 56 días del calendario al menos una escuela suspendió clases presenciales por hechos de violencia o inseguridad, y en 63 días hubo interrupciones por causas operativas e institucionales, entre ellas la falta de docentes, problemas administrativos o de infraestructura escolar.
«El derecho a aprender no se garantiza únicamente abriendo las escuelas. Se garantiza creando las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan aprender», subrayó al respecto Nuria González Elizalde, directora general de Mexicanos Primero Sinaloa, en una columna de opinión publicada por Noroeste.
En el mismo sentido, Ángel Leyva Murguía, director de Investigación de la organización, expuso en Revista Espejo que el cierre de un ciclo escolar va más allá del cumplimiento del calendario.
“El calendario puede decirnos cuándo comenzaron y terminaron las clases. Sin embargo, no puede decirnos si cada estudiante tuvo continuidad, una escuela digna, los apoyos que necesitaba ni oportunidades suficientes para aprender”, escribió.
El balance plantea que estos desafíos no pueden normalizarse. Garantizar el derecho a aprender exige que el Estado asuma su responsabilidad, tome decisiones con base en evidencia y priorice acciones para asegurar la continuidad educativa, especialmente en los contextos más afectados por la violencia y las interrupciones escolares.
