La presencia de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las aulas se ha convertido en uno de los principales debates educativos de los últimos años.
Mientras algunos advierten que las pantallas afectan la atención, el aprendizaje y la convivencia escolar, otros recuerdan que la tecnología forma parte de la vida cotidiana y también puede convertirse en una herramienta muy útil para la enseñanza. La evidencia internacional apunta hacia un punto intermedio: el desafío no es prohibir los dispositivos, sino establecer reglas claras para su uso y garantizar que contribuyan al derecho a aprender.
En México, esta discusión cobró fuerza luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la apertura de un debate nacional sobre el uso de redes sociales, dispositivos digitales e inteligencia artificial.
La evidencia: regular, no prohibir
La UNESCO advierte que la tecnología solo debe incorporarse a las escuelas cuando exista evidencia de que mejora el aprendizaje. En su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM), señala que los teléfonos inteligentes pueden afectar la concentración y aumentar las distracciones, pero también subraya que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés.
“Los gobiernos deben garantizar las condiciones adecuadas para permitir un acceso equitativo a la educación para todos, regular el uso de la tecnología para proteger al alumnado de sus influencias negativas y preparar al profesorado”, destaca el informe.
El organismo documenta que 114 sistemas educativos ya regulan el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Sin embargo, las estrategias varían considerablemente: algunos países establecen restricciones durante toda la jornada escolar; otros limitan su uso únicamente en clase o permiten excepciones cuando los dispositivos tienen fines pedagógicos o responden a necesidades de accesibilidad.
La conclusión de la UNESCO es que no existe una solución única y que cualquier regulación debe acompañarse de alfabetización digital y formación docente.
La respuesta de Sinaloa
En este contexto, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las instituciones de educación básica y media superior durante el horario escolar.
La iniciativa aprobada establece que estos dispositivos solo podrán utilizarse con fines pedagógicos o en situaciones de emergencia, siempre bajo la autorización y supervisión del personal docente o directivo. Asimismo, contempla la elaboración de protocolos para su uso responsable y campañas de orientación dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, personas tutoras y personal educativo.
El órgano subrayó que el propósito es favorecer entornos escolares más seguros, fortalecer la convivencia y mejorar las condiciones para el aprendizaje, buscando un equilibrio entre el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y la protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad en espacios libres de distracciones.
Las reformas también buscan prevenir situaciones como la distracción constante en el aula, el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados, la dependencia de dispositivos electrónicos y el deterioro de la convivencia escolar.
La realidad de las escuelas mexicanas
Sin embargo, este debate adquiere otra dimensión en nuestro país, donde la discusión sobre regular el uso de dispositivos personales convive con una deuda histórica en materia de infraestructura digital.
De acuerdo con las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024, elaboradas por la Secretaría de Educación Pública, solo el 54.4% de las escuelas de educación básica cuenta con computadoras y apenas el 46.9% dispone de conexión a internet. Es decir, cerca de la mitad de los planteles todavía carece de las condiciones mínimas para integrar la tecnología como una herramienta de aprendizaje.
En Sinaloa, el panorama es aún más desafiante. De acuerdo con el Balance de cierre del ciclo escolar 2025-2026 de Mexicanos Primero Sinaloa, el cual cita datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el 63% de las escuelas del estado no dispone de computadoras y 60% carece de conexión a internet para fines pedagógicos.
“En un contexto donde las habilidades digitales son cada vez más relevantes para la formación académica, la participación ciudadana y el acceso a oportunidades laborales futuras, estas carencias colocan a miles de estudiantes en una situación de desventaja”, destaca el documento.
Regular sí, pero con condiciones para aprender
Las reformas aprobadas en Sinaloa representan un paso para ordenar el uso de los dispositivos digitales dentro de las escuelas. Sin embargo, la regulación, por sí sola, difícilmente resolverá los desafíos asociados al aprendizaje si no se acompaña de mejores condiciones de infraestructura, conectividad, formación docente y desarrollo de habilidades digitales.
Preparar a niñas, niños y adolescentes para desenvolverse en un mundo digital es una responsabilidad compartida entre escuelas, familias y sociedad. Pero corresponde al Estado garantizar, mediante políticas públicas, infraestructura, conectividad y formación docente, las condiciones necesarias para que la tecnología contribuya al ejercicio efectivo del derecho a aprender.
Por ello, la pregunta no es solo cómo regular los dispositivos en las aulas, sino qué condiciones deben garantizarse para que la tecnología se convierta en una aliada del aprendizaje sin profundizar las desigualdades educativas.
